La primera emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional en diciembre de 2025 fue tumbada por la Corte Constitucional, tras declarar inexequible el Decreto 1390 de 2025 con una votación de 6 a 2. Con esta decisión, el alto tribunal dejó sin efecto el paquete tributario que buscaba recaudar cerca de 11 billones de pesos mediante nuevos impuestos y ajustes fiscales. La emergencia económica incluía medidas como alzas en el IVA a licores, nuevos gravámenes al sector financiero, impuestos a bienes de lujo y cambios en tributos digitales y minero-energéticos. Cabe mencionar que el caso había sido suspendido previamente mientras se estudiaba su legalidad, y ahora la Corte concluye que la figura no se ajustó a la Constitución.
