La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, como presunto responsable del delito de prevaricato por acción. Los hechos que se le atribuyen están relacionados con la emisión de tres actos administrativos que tendrían como propósito obstaculizar la licitación 001 de 2023, cuyo objeto era la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos.
En un primer momento, el comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió con los requisitos exigidos. En consecuencia, se programó la audiencia de adjudicación pública; sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Álvaro Leyva suscribió la Resolución 7485 mediante la cual declaró desierta la licitación argumentando la existencia de un único oferente.
Ante esta decisión, el representante de la unión temporal interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente y Álvaro Leyva mantuvo la decisión impugnada. Ese mismo día, expidió un nuevo acto administrativo con el que declaró la urgencia manifiesta, habilitando así la adjudicación directa del contrato de pasaportes sin proceso licitatorio.
Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, estas actuaciones pusieron en riesgo la continuidad en la elaboración de pasaportes y vulneraron el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar libremente del país. Asimismo, pese a la posibilidad de corregir las decisiones adoptadas, el excanciller Álvaro Leyva no lo hizo y ratificó su actuación.
