Con el objetivo de fortalecer la justicia en el campo colombiano, la Corte Constitucional avaló la creación de la estructura y funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural, aprobada por el Congreso en 2024. La decisión despeja el camino para la sanción presidencial de la ley estatutaria, considerada un paso decisivo en la implementación de una justicia especializada que resuelva conflictos sobre propiedad, uso y tenencia de la tierra.
El alto tribunal declaró exequible la mayoría de los artículos del proyecto, al confirmar que cumple los requisitos constitucionales y promueve un enfoque diferencial y territorial. La Corte Constitucional destacó que esta jurisdicción materializa compromisos del Acuerdo Final de Paz, garantizando acceso a una justicia más cercana, equitativa y adaptada a las realidades rurales del país.
