La discusión sobre el reajuste salarial en la Rama Judicial volvió a encenderse luego de que la Contraloría General advirtiera que el incremento de la bonificación mensual, correspondiente a este año, sigue sin ser definido por el Gobierno. Ese ajuste debería fijarse a partir del IPC, tal como lo ordena el Decreto 383 de 2013.
Según el organismo de control, la ausencia del decreto genera un efecto inmediato: cerca de 59.000 funcionarios judiciales continúan sin la actualización de ese pago, lo que abre la puerta a reclamaciones, tutelas y retroactivos que terminarían presionando el presupuesto de las siguientes vigencias. Así las cosas, la Contraloría General insistió en que, sin una decisión pronta, podrían configurarse obligaciones fiscales que afecten la planeación del gasto público en el sector justicia.
