La Corte Constitucional concedió dos tutelas a servidores públicos desvinculados en provisionalidad, ordenando su reintegro o compensación, debido a su condición de prepensionados y en uno de los casos, a un problema de salud. En el primer caso, la Corte pidió a la entidad buscar vacantes equivalentes al cargo ocupado por el accionante o, si no las hay, compensar los aportes faltantes para la pensión. En el segundo caso, la Corte ordenó el reintegro en un cargo similar o con mejores condiciones y priorizar su vinculación en futuras vacantes.
