Como actuación preventiva, la Procuraduría General requirió a las alcaldías del Tolima para que rindan cuentas sobre los recursos invertidos este año en la atención de personas privadas de la libertad y los convenios suscritos con el INPEC. El organismo de control advirtió que varios municipios del Tolima no entregaron información completa durante el Primer Comité de Seguimiento Penitenciario Departamental, situación que dificulta verificar el cumplimiento de las obligaciones territoriales. De acuerdo a esto, la Procuraduría General recordó que estos convenios son clave para garantizar traslados oportunos desde estaciones de Policía hacia centros penitenciarios y evitar posibles vulneraciones de derechos fundamentales en el Tolima.
