El Consejo de Estado suspendió parcialmente una resolución del Gobierno que mantenía detenidas órdenes de captura contra integrantes de estructuras armadas vinculadas al crimen de alto impacto, al considerar que no cumplía los requisitos fijados por la Corte Constitucional para aplicar este beneficio en el marco de la política de Paz Total. La corporación señaló que la medida carecía de la evaluación individual por parte de la Fiscalía sobre la idoneidad de la suspensión en cada caso concreto, tal como exige la Sentencia C-525 de 2023. La decisión del Consejo de Estado reactivaría siete órdenes de captura, mientras que la solicitud sobre otros 16 integrantes fue negada debido a que esas suspensiones ya habían sido revocadas previamente por el ente acusador.
