La Cámara de Representantes aprobó una ley que endurece las sanciones contra el reclutamiento y la utilización de menores por parte de grupos armados y organizaciones criminales, con penas que podrán llegar hasta 50 años de prisión. La iniciativa también establece medidas de prevención mediante la articulación de entidades como el ICBF, la Fiscalía General y el Ministerio TIC para combatir este delito, incluso en entornos digitales. Además, la ley que endurece las sanciones contra el reclutamiento de menores crea el Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores, encargado de hacer seguimiento al fenómeno y fortalecer las acciones de protección a la niñez y adolescencia en el país.
