La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspenda los pagos de la Cancillería a la Casa de la Moneda de Portugal, mientras se resuelve la demanda sobre el convenio para la expedición de pasaportes. Según el organismo, este contrato podría poner en riesgo más de 1.3 billones de pesos, al no contar con estudios técnicos o económicos que lo respalden. La medida busca proteger el patrimonio público, evitando que se validen posibles irregularidades. El Tribunal aún debe decidir si acoge la solicitud.
