La Corte Constitucional avaló de manera condicionada el decreto que declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica en febrero por las afectaciones de la temporada de lluvias, al considerar que existían razones suficientes para su expedición. Sin embargo, la Sala Plena determinó que la medida sólo podrá aplicarse en los 181 municipios identificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y excluyó disposiciones relacionadas con empresas de energía, asuntos agrarios y planes de manejo ambiental. Además, la Corte Constitucional ordenó mayores controles sobre el uso de los recursos destinados a la atención de la emergencia económica.
