La Contraloría General identificó un presunto detrimento patrimonial de más de 1.600 millones de pesos por un pago indebido en la interventoría del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. El hallazgo surgió durante una auditoría de cumplimiento donde se evidenció que se autorizó el pago total de un contrato de interventoría, celebrado entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz y DCO Ingeniería & Servicios S.A.S., pese a que los avances reales de los contratos supervisados apenas alcanzaban entre el 44,8% y el 93,67%. La Contraloría General advirtió fallas graves en el seguimiento técnico y financiero y alertó que este sobrepago compromete recursos destinados a proyectos productivos y de seguridad alimentaria para familias beneficiarias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
