La Gobernación de Antioquia ratificó que no aplicará el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional mientras la Corte Constitucional se pronuncia, al advertir un impacto fiscal cercano a 1,5 billones de pesos para el departamento. Esta postura se suma a la de al menos otros 16 gobernadores, entre ellos el de Tolima, Atlántico, Chocó y Meta, entre otros que anunciaron que tampoco acatarán la medida por sus efectos sobre el impoconsumo de licores y tabacos. Los mandatarios regionales coincidieron en que el decreto compromete las finanzas territoriales y limita la inversión en sectores clave de las regiones.
