La Contraloría General determinó un hallazgo fiscal por $824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, al concluir que el Viaducto Chirajara continúa sin entrar en operación, pese a haber sido terminado hace cerca de dos años y medio. El órgano de control señaló que esta situación impide el funcionamiento de un tramo de 6,5 kilómetros de la doble calzada Bogotá–Villavicencio y afecta la prestación del servicio de transporte.
Según la auditoría, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, no adelantó de manera oportuna las gestiones técnicas, administrativas, financieras y contractuales necesarias para ejecutar las obras pendientes en el Túnel 13 y el Puente 1 (Quebrada Seca), cuya intervención quedó bajo su responsabilidad tras un laudo arbitral de 2023. La Contraloría General advirtió que la falta de acciones mantiene sin uso una infraestructura financiada con recursos públicos y aumenta el riesgo de deterioro de la obra.
