El proyecto de la Ley Arles fue radicado por tercera vez ante el Congreso con el objetivo de fortalecer las acciones del Estado frente a los casos de desaparición forzada y evitar demoras en la búsqueda de las víctimas. La iniciativa toma como referencia el caso de Arles Edisson Guzmán Medina, desaparecido en 2002 en la Comuna 13 de Medellín, cuyo posible paradero estaría en La Escombrera.
La propuesta establece como falta disciplinaria gravísima que un servidor público omita, niegue, retrase o entorpezca las acciones inmediatas para verificar información sobre el posible paradero de una persona desaparecida. Además, el proyecto de la Ley Arles busca dar cumplimiento a las medidas de reparación y no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras declarar la responsabilidad del Estado colombiano en este caso.
