En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que busca derogar la política de Paz total, impulsada por el gobierno saliente. La iniciativa, presentada por el representante Simón Molina, propone eliminar los beneficios jurídicos para estructuras criminales, prohibir que estas organizaciones reciban tratamiento político y reactivar las órdenes de captura contra sus integrantes.
El proyecto también plantea que los procesos de negociación se limiten a grupos con reconocimiento político y que las bandas dedicadas al crimen organizado solo puedan someterse a la justicia ordinaria. La propuesta iniciará su trámite legislativo en el Congreso, donde deberá surtir los debates correspondientes.
