Un proyecto de ley radicado en el Congreso busca sancionar penalmente a quienes, durante manifestaciones públicas, utilicen capuchas para ocultar su identidad mientras cometen actos vandálicos. La iniciativa, impulsada por los representantes Julio César Triana y Jaime Arizabaleta junto con otros congresistas, plantea penas de 54 a 96 meses de prisión y multas de entre 50 y 200 salarios mínimos legales vigentes. Las sanciones aumentarían si se utilizan explosivos, objetos peligrosos o sustancias para causar lesiones o daños a bienes públicos y privados. El proyecto también contempla castigos para quienes inciten, dirijan o faciliten bloqueos ilegales de vías o infraestructura que afecten la seguridad, la salud pública o el abastecimiento de alimentos. Sus autores aclaran que la protesta pacífica seguiría estando protegida por la Constitución.
