Luego de conocerse el acuerdo alcanzado entre Juliana Guerrero y la Fiscalía General por el delito de fraude procesal, la Procuraduría apeló la decisión y solicitó examinar si los hechos podrían corresponder a una conducta penal diferente. El procurador general, Gregorio Eljach, explicó que el funcionario delegado actuó de manera autónoma al considerar necesario revisar esa posibilidad dentro del proceso.
El procurador general Gregorio Eljach, señaló que ahora será el juez competente quien deberá estudiar los argumentos presentados por el Ministerio Público y determinar si se mantiene el alcance del acuerdo. Cabe recordar que Juliana Guerrero había aceptado su responsabilidad por el uso de títulos académicos cuestionados en su hoja de vida y acordó una pena de tres años, una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos.
