La Procuraduría General instaló una mesa interinstitucional para analizar los impactos jurídicos, económicos y sociales del proyecto de decreto que fija el tope del valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP). En la discusión participan entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, además de gremios del sector constructor y financiero. En este sentido, la Procuraduría General manifestó que el objetivo es revisar posibles efectos sobre la seguridad jurídica, la estabilidad contractual y la sostenibilidad del sistema de vivienda, antes de que se adopte la regulación definitiva.
