El impacto del Decreto 0173 de 2026 en la educación superior volvió al centro del debate luego de que la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, presentó una acción ciudadana ante la Corte Constitucional para solicitar que se declare inconstitucional la norma, que incluyó a instituciones privadas sin ánimo de lucro dentro del impuesto al patrimonio decretado durante la emergencia económica. El gremio advirtió que la medida podría afectar programas de becas, proyectos de investigación y estrategias de permanencia estudiantil al reducir recursos destinados al funcionamiento académico. Según ASCUN, el tributo alcanzaría cerca de 135.000 millones de pesos, equivalente a unas 15.000 matrículas, lo que pondría presión financiera sobre aproximadamente 80 universidades. Aunque respaldan la solidaridad fiscal, la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, pidió revisar la disposición para evitar impactos en el acceso y la calidad educativa.
