La salida de ocho integrantes de la Comisión Asesora para la Política Criminal abre paso a una nueva conformación del organismo, encargado de aportar análisis técnicos y académicos a las decisiones del Estado en esta materia. El Ministerio de Justicia, mediante la Resolución 1905, aceptó las renuncias de los miembros y también dejó sin efecto dos designaciones que no llegaron a concretarse. El relevo ocurre mientras la administración de Abelardo de la Espriella impulsa iniciativas como la Ley de Sometimiento y el Estatuto Antiterrorista, que deberán ser analizadas dentro de la agenda de política criminal. La Comisión está conformada por diez académicos especializados en áreas como derecho penal, criminología, derecho constitucional, economía y ciencias sociales, por lo que el Ministerio de Justicia deberá definir ahora quiénes ocuparán los cargos vacantes.
