A 41 años de la tragedia de Armero, la Defensoría del Pueblo alertó que los sobrevivientes y sus familias aún enfrentan dificultades para acceder a vivienda digna, servicios básicos, seguridad sobre sus propiedades y atención psicosocial. Según el seguimiento realizado por la entidad, de las 23 recomendaciones formuladas en 2025 para garantizar sus derechos, solo una se ha cumplido totalmente, 15 registran avances parciales y siete siguen pendientes. Entre los compromisos incumplidos están la priorización de esta población en programas de vivienda y acceso a tierras, la atención integral en salud mental y la búsqueda de personas desaparecidas. Por ello, la Defensoría del Pueblo pidió al Estado avanzar en medidas de reparación integral y reconocimiento de los daños que persisten desde la avalancha del 13 de noviembre de 1985.
