La Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión a los magistrados del Tribunal de Villavicencio, Joel Darío Trejos Londoño, Alcibíades Vargas Bautista y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, por corrupción al torcer fallos judiciales que beneficiaban a miembros de grupos paramilitares en la región. Las condenas fueron dictadas por los delitos de prevaricato y cohecho, relacionados con la emisión de fallos que otorgaban libertades o detenciones domiciliarias a criminales, entre ellos integrantes de la “Oficina de Envigado”.
La investigación reveló una serie de actos ilícitos, como la redención intencional de penas y la modificación de fallos a cambio de sobornos, incluyendo casos como el de “Autorriling”, donde se facilitó el beneficio de una pareja condenada por homicidio a cambio de fiestas y hospedajes en lujosos hoteles. La Corte determinó que los magistrados actuaron al margen de la ley, ignorando la normativa y la jurisprudencia vigente, con el fin de favorecer a terceros, lo que comprometió la administración de justicia.
