El Consejo de Estado rechazó la demanda interpuesta por la senadora Katherine Miranda, que buscaba eliminar el valor fijo de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, tras considerar que no cumplía con las normas constitucionales ni con el conocimiento técnico necesario para establecer el precio.
El alto tribunal desestimó la demanda y explicó que la denuncia presentada por la representante Katherine Miranda se centraba en el ajuste de la UPC, que establece el valor que se paga por cada afiliado al sistema de salud. Según la denuncia, para 2025 este valor debería haberse ajustado en un 15%, con base en los datos de 2024.
Asimismo, el Consejo de Estado indicó que la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional ya había creado una mesa de trabajo para ajustar la UPC, basándose en una resolución de 2008, con el fin de ajustar este valor a las necesidades del sistema de salud.
