La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación crearon una Comisión Especial Interinstitucional para vigilar la crisis financiera en el sector energético, enfocándose en la creciente deuda del Gobierno con las empresas de energía y gas. Esta comisión tiene como objetivo monitorear las problemáticas estructurales del sector y asegurar que las empresas prestadoras de servicios puedan seguir operando con estabilidad financiera. Además, se solicitaron informes a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre la situación de la empresa intervenida Air-e, con énfasis en las acciones adoptadas para garantizar la continuidad del servicio.
Por otro lado, la Contraloría presentó un informe sobre la sostenibilidad de los subsidios en electricidad, gas combustible y combustibles líquidos, advirtiendo deficiencias en su asignación.
