El procurador general, Gregorio Eljach, solicitó a la Corte Constitucional ratificar con condiciones los impuestos adicionales que el Gobierno Petro decretó en enero para atender la crisis en el Catatumbo, Cúcuta y parte del Cesar. La medida incluye gravámenes a los juegos de suerte y azar, y al carbón, con el fin de financiar acciones durante la conmoción interior decretada por la situación de violencia entre grupos armados ilegales.
En un concepto de 27 páginas, la Procuraduría condiciona la legalidad del decreto a que los recursos se destinen exclusivamente a medidas humanitarias, fortalecimiento de la fuerza pública y protección de los derechos fundamentales de la población.
