La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar por el polémico otrosí firmado por Ecopetrol con la firma estadounidense Covington & Burling, que elevó el valor de un contrato de 875.000 dólares a más de 5,8 millones. La adición, realizada el 31 de diciembre, tenía como objetivo asesorar a la empresa en relación con la imagen institucional afectada por las investigaciones contra su presidente, Ricardo Roa.
El Ministerio Público busca establecer si hubo irregularidades en la firma de esta modificación contractual, señalando que aún deben identificarse los responsables. Entre ellos figura Alberto José Vergara, el ejecutivo que suscribió el otrosí, y cuya actuación también está siendo revisada por Ecopetrol. La junta directiva de la compañía suspendió el acuerdo un mes después de detectarlo, calificándolo como un acto “grave y abusivo”.
