La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) llevó ante la Fiscalía General un caso que considera grave y que involucra a excontratistas abogados de la entidad. Según la SIC, estos profesionales estarían ofreciendo servicios jurídicos de forma irregular, presentándose ante ciudadanos y empresas como influyentes en procesos en curso, basándose en su anterior paso por la entidad de vigilancia.
Además de alertar públicamente sobre estas prácticas, la SIC también acudió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Abogados para que se investigue si los implicados infringieron la Ley 1123 de 2007, que prohíbe intervenir en procesos donde se haya tenido participación previa. La entidad advirtió que no tolerará el uso indebido de su nombre para obtener beneficios particulares, ya que esto afecta la integridad institucional y la confianza en el Estado de Derecho.
