La consulta popular convocada por el gobierno de Gustavo Petro quedó suspendida temporalmente, después de que el registrador nacional, Hernán Penagos, solicitara un concepto previo al Consejo de Estado sobre la legalidad del ‘decretazo’ que la convoca. Hernán Penagos destacó la complejidad jurídica del asunto y aseguró que la Registraduría no podría tomar una decisión unilateral sin el pronunciamiento de las altas cortes, dadas las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso. Además, advirtió que la logística para organizar una consulta de tal magnitud en tan solo 53 días era inviable.
La decisión del registrador fue respaldada por varios sectores políticos, quienes consideran que es prudente esperar la sentencia de los tribunales antes de proceder con la convocatoria. Sin embargo, el gobierno respondió de manera crítica, señalando que Penagos se estaba extralimitando y que su función era simplemente organizar la consulta, acatando el decreto presidencial.
