La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, tras detectar presuntas irregularidades en el contrato de instalación de cámaras de vigilancia firmado en 2023. El proyecto, con un valor superior a los 14 mil millones de pesos, contemplaba la instalación de 200 cámaras en la ciudad, pero a la fecha solo instalaron 50, es decir, apenas el 25 % del total previsto.
Aunque el contrato reporta un avance físico del 68,5 % y una ejecución presupuestal del 50 %, se identificaron fallas graves en la planeación, tres prórrogas y suspensiones sin respaldo financiero, y controversias por más de 2 mil millones de pesos. La Procuraduría también investiga la decisión de reemplazar la interventoría externa por una supervisión interna sin justificación técnica, lo que generó preocupación por el manejo de los recursos públicos destinados a la seguridad de los bogotanos.
