Tras una inspección de la Procuraduría y la Contraloría, se han generado fuertes preocupaciones sobre la viabilidad de que la Imprenta Nacional asuma la producción de pasaportes a partir de septiembre, cuando finaliza el contrato con la multinacional Thomas Greg & Sons. Los informes preliminares indican que la Imprenta no cuenta con la capacidad técnica para cumplir con la demanda de 8.000 pasaportes diarios, lo que podría poner en riesgo el derecho de los colombianos a la libre movilidad. Esta situación ha desatado una controversia interna, especialmente después de la renuncia de la canciller Laura Sarabia, quien advirtió que la transición era “inviable”.
El informe de los entes de control coincide con las advertencias de expertos y sindicalistas, quienes consideran que la Imprenta Nacional no estaría preparada para asumir la tarea sin una transferencia tecnológica adecuada. Ante estas dificultades, el Gobierno se enfrenta a una difícil decisión: avanzar con la imprenta, lo que podría comprometer la operación, o prorrogar el contrato con Thomas Greg, lo que ya ha sido rechazado por el presidente Gustavo Petro.
