La Procuraduría General de la Nación anunció que revisará el convenio firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la producción de pasaportes y visas, debido a dudas sobre el uso de recursos, la elección de aliados estratégicos y la ejecución del contrato. El acuerdo, que no tiene un monto definido y contempla el uso de vigencias futuras por cerca de 3,1 billones de pesos, ha generado preocupación en varios sectores del gobierno y de control. También se cuestiona el rol que asumirá la Imprenta, dado que la Cancillería ha señalado no estar lista para implementar el proceso.
El convenio dejaría amarrados recursos públicos por más de una década, atravesando al menos tres gobiernos, lo que ha generado críticas por sus posibles implicaciones políticas y fiscales. A esto se suma el antecedente de las cédulas de extranjería, cuya contratación derivó en investigaciones disciplinarias. Con el actual contrato de pasaportes próximo a vencer, existe el riesgo de que se declare una nueva urgencia manifiesta que permita adjudicar directamente la producción, nuevamente, a la firma Thomas Greg, cuestionada por el propio gobierno.
