La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la suspensión del giro directo de recursos públicos a clínicas y hospitales que prestan servicios a usuarios de Nueva EPS, como medida cautelar para frenar el riesgo de uso indebido de fondos. La decisión obedece a un rezago de más de 15 millones de facturas sin auditar, que suman $11,56 billones. Aunque los pagos de agosto seguirán, ahora cada solicitud deberá ser verificada por un contralor designado en el marco de la intervención que rige sobre la EPS desde 2024.
Expertos como el exministro Augusto Galán y el profesor Luis Jorge Hernández han cuestionado la decisión, advirtiendo que podría agravar la crisis del sistema y afectar la atención médica. Aunque reconocen la necesidad de controles, consideran que la medida refleja la incapacidad para estabilizar la EPS incluso bajo supervisión estatal y podría traducirse en interrupciones en los servicios y mayor riesgo para los pacientes.
