La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó la práctica de pruebas dentro de los procesos que se adelantan contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. La investigación se originó en una denuncia presentada por la Red de Veedurías, que señaló presuntas irregularidades en sus elecciones y posible tráfico de influencias, sustentadas en los chats revelados entre la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y Fernández, cuando este último era secretario jurídico de la Presidencia.
El representante investigador Daniel Restrepo Carmona solicitó un informe oficial a la fiscal Camargo, el cual hará parte del expediente para determinar si hay mérito para abrir una investigación formal o archivar la denuncia. La Red de Veedurías, dirigida por el abogado Pablo Bustos, pidió además que se adelanten procesos disciplinarios, penales y un eventual juicio político, con el fin de esclarecer si existieron conductas indebidas que afectaron la transparencia de los nombramientos en las altas cortes y la Fiscalía.
