El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, afirmó que los fondos privados deben trasladar a 45.000 trabajadores de alto riesgo y entregar recursos por 9 billones de pesos a la entidad pública. Sin embargo, expertos advierten que dicho traslado masivo viola normas como la Ley 100, que creó el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, buscando garantizar la protección de la salud y la capacidad económica de los ciudadanos y el decreto de doble asesoría, la cual permite a los afiliados comparar las condiciones del Régimen de Transición con las de Colpensiones y su Administradora de Fondos y Pensiones respectiva.
Además, los expertos señalan posibles riesgos jurídicos y cuestionan que esos fondos puedan usarse para cubrir subsidios, lo cual va contra la destinación específica del ahorro pensional. Ante esto, piden al Gobierno claridad legal antes de forzar estos movimientos.
