La Corte Constitucional advirtió un bajo cumplimiento de una de las órdenes clave de la sentencia que exigía crear un registro de servicios negados por las EPS. Según la Sala Especial de Seguimiento, el Ministerio de Salud no ha expedido una nueva regulación sobre este registro, lo que impide conocer por qué se niegan servicios que sí están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.
Además, la Corte alertó que el Ministerio no reportó información sobre las deudas de las EPS por la devolución de recursos cuando niegan servicios incluidos en el plan obligatorio, ni sobre reembolsos o acciones judiciales iniciadas. Entre 2023 y 2024, las negaciones de servicios aumentaron drásticamente: un 150 % en servicios con financiación UPC y más del 100 % en servicios sin esta financiación.
