Con el objetivo de garantizar transparencia en el estudio de la Reforma Pensional, la Corte Constitucional decidió no pronunciarse aún sobre la legalidad de la norma, mientras analiza una recusación contra el magistrado Héctor Carvajal. La solicitud fue presentada por la senadora Paloma Valencia, quien argumenta que Héctor Carvajal habría tenido vínculos contractuales previos con Colpensiones, entidad que defiende la reforma ante la Corte.
El alto tribunal abrió un incidente de recusación, lo que implica revisar si existen pruebas suficientes para apartar al magistrado del caso. Hasta que no se resuelva esta solicitud, la Sala Plena de la Corte Constitucional no retomará el debate sobre los vicios de trámite que se investigan en la ley, retrasando así una decisión definitiva sobre la Reforma Pensional.
