El Congreso de la República aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley de Acueductos Comunitarios, una iniciativa que pasa a sanción presidencial y que reconoce la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico como un modelo legítimo y autónomo. La norma crea un marco jurídico especial para fortalecer y proteger a estas organizaciones, reducir trámites y costos, permitir el acompañamiento de alcaldías y establecer criterios propios de tarifas y aportes. El proyecto, construido por comunidades organizadas y acompañado por el Ministerio de Vivienda, fue respaldado de manera unánime y, según la viceministra Ruth Quevedo, consolida el agua como derecho y bien común para los territorios.
