El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los artículos 2 al 8 del Decreto 572 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional modificó las bases y tarifas de retención y autorretención en la fuente para el anticipo del impuesto sobre la renta. El alto tribunal señaló que, aunque el Ejecutivo tiene facultades para fijar estos cobros, el Ministerio de Hacienda no presentó estudios técnicos, económicos o jurídicos suficientes que justificaran la necesidad de los cambios. Según el Consejo de Estado, tampoco se explicó de manera adecuada el impacto de las nuevas tarifas ni el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Estatuto Tributario, por lo que la medida quedó suspendida mientras avanza el análisis de fondo sobre la legalidad del decreto.
