La Contraloría General de la República detectó un presunto detrimento patrimonial superior a los 5.600 millones de pesos en la Aeronáutica Civil, tras una auditoría financiera a la vigencia 2024. El hallazgo se relaciona con un contrato para operar y mantener sistemas de agua potable y residual en diez aeropuertos del país, sin contar con las licencias y permisos ambientales requeridos, lo que genera riesgos para la salud pública tanto de viajeros como de comunidades vecinas.
El organismo de control también advirtió sobre la baja ejecución del Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales, priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo. Según la Contraloría General, aunque este plan debía alcanzar su meta en mayo de 2025, a diciembre de 2024 sólo reportaba un avance del 2,31%, afectando la conectividad de regiones apartadas y elevando los costos proyectados.
