El Ministerio de Educación afirmó que un informe de la Contraloría General confirmó que el modelo de financiación de la educación superior pública era insostenible, al evidenciar un desfinanciamiento estructural acumulado por más de tres décadas. Según la cartera de Educación, el diagnóstico del ente de control respalda las medidas adoptadas por el Gobierno, que incluyen una inversión cercana a 15 billones de pesos, la reforma a la Ley 30 para garantizar sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de la gratuidad y la infraestructura universitaria como ejes para ampliar cobertura y cerrar brechas regionales.
