La Contraloría General lanzó una advertencia por posibles riesgos al patrimonio público tras la expedición de la Resolución 10 de 2025, que modifica la regulación del crédito agropecuario y rural. El ente de control señaló que la norma sería jurídicamente improcedente, económicamente inconveniente y fiscalmente riesgosa, al haberse expedido sin estudios técnicos completos ni el concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es por esto que la Contraloría General pidió a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario adoptar medidas para evitar impactos negativos en los recursos públicos y en el acceso al crédito de los productores del campo.
