La Contraloría General reforzó la vigilancia fiscal preventiva ante el periodo electoral de 2026, tras detectar un incremento inusual en los contratos y convenios interadministrativos durante septiembre y octubre, que alcanzaron los 4 y 3,5 billones de pesos respectivamente. El órgano de control activó alertas tempranas para evitar el uso indebido de recursos públicos en plena vigencia de la Ley de Garantías Electorales.
El seguimiento se realizará mediante un modelo analítico que permite monitorear la contratación, la ejecución presupuestal y los subsidios en todo el país. Desde el 31 de enero de 2026, el control se ampliará a la contratación directa, con el fin de prevenir desvíos de gasto durante las campañas. Además, la Contraloría General trabajará junto a la Procuraduría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para detectar posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos.
