La Corte Constitucional dejó parcialmente en firme el decreto que adicionó 2.7 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación, dentro del estado de conmoción interior en el Catatumbo, Cúcuta y municipios aledaños del Cesar. El alto tribunal avaló estos recursos siempre que se destinen a fortalecer la fuerza pública, garantizar derechos fundamentales y atender de manera humanitaria a la población afectada por la crisis de orden público.
Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequibles las partidas dirigidas a sectores como vivienda, transporte y tecnologías de la información, al considerar que corresponden a problemas estructurales que deben resolverse por vías ordinarias. Los contratos que se hayan suscrito con esas motivaciones deberán terminarse y liquidarse, con devolución de recursos no ejecutados.
