La Corte Constitucional ordenó elaborar un plan de traslado progresivo para 2.615 personas privadas de la libertad que llevan más de un año en estaciones de Policía, pese a que estos espacios están destinados a detenciones transitorias de máximo 36 horas. La medida busca garantizar el traslado de 2.567 personas imputadas y 48 condenadas a establecimientos penitenciarios, sin generar nuevas situaciones de hacinamiento. Además, ordenó al Ministerio de Justicia y a la Agencia Nacional de Infraestructura conformar una mesa técnica para identificar las barreras que han frenado los proyectos carcelarios, evaluar alternativas de financiación y ejecución y establecer una hoja de ruta para mejorar la infraestructura. De acuerdo con la Corte Constitucional, las entidades tendrán plazos de dos, tres y seis meses para avanzar en estas acciones.
