Un caso de estafa masiva que dejó más de 1.500 víctimas y pérdidas superiores a los 2.000 millones de pesos en Bogotá ha vuelto al centro del debate, tras una polémica decisión de la Corte Constitucional. Dos mujeres, madre e hija, fueron condenadas por liderar una estructura criminal que suplantó a la Secretaría de Hacienda para obtener información de deudores y engañarlos. Aunque ambas están en prisión, la madre —diagnosticada con EPOC y otras complicaciones— solicitó detención domiciliaria por motivos de salud, petición que inicialmente fue rechazada por falta de documentación médica suficiente.
No obstante, tras una tutela presentada por la hija, la Corte falló a su favor, argumentando que se vulneraron derechos fundamentales al no contar con una valoración médica actualizada ni garantizar el acceso adecuado a tratamientos dentro del penal.
