La Defensoría del Pueblo presentó su rendición de cuentas de la vigencia 2025 y advirtió sobre la persistencia de graves vulneraciones a los derechos humanos en Colombia, al tiempo que expuso 18 decisiones impostergables dirigidas al próximo Gobierno y al nuevo Congreso. Durante la audiencia pública, la defensora del Pueblo Iris Marín destacó la necesidad de fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz, garantizar el acceso a la salud, proteger a líderes sociales y jóvenes, y avanzar en la transición energética y la restitución de tierras. Además, defendió la autonomía presupuestal de la entidad y reafirmó que el Decálogo de la Defensoría del Pueblo seguirá siendo la hoja de ruta para la protección de los derechos humanos en el país.
