La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre una preocupante posible “alianza institucional” entre la fuerza pública y el frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, donde se evalúa establecer una zona de ubicación temporal para este grupo armado. Según la funcionaria, las autoridades tendrían el deber de proteger a los miembros de esa estructura ilegal, quienes aún portarían armas en un territorio habitado por civiles y en medio de enfrentamientos con el ELN, lo que pondría en grave riesgo a la población.
Iris Marín también cuestionó la falta de un marco jurídico claro para garantizar los derechos de las víctimas y señaló que esta zona, aún no definida oficialmente, podría agravar la crisis humanitaria en la región. Según datos de la Gobernación de Norte de Santander, entre enero y mayo de 2025 se han registrado 127 homicidios violentos, 66.150 desplazados y 11.490 personas confinadas, en medio de una guerra territorial entre el ELN y el frente 33 que sigue cobrando vidas y violando derechos humanos.
