Ante el Consejo de Estado, la Defensoría del Pueblo presentó una intervención en la que respaldó la constitucionalidad del decreto que fijó el salario mínimo para 2026, argumentando que esta decisión incide directamente en la garantía de derechos fundamentales de la población trabajadora. La entidad explicó que la determinación del salario no es solo un asunto económico, sino un mecanismo para asegurar condiciones de vida dignas, especialmente para hogares en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la Defensoría del Pueblo indicó que la norma cumple con los parámetros legales al basarse en indicadores como inflación, productividad y crecimiento del país, y reiteró que la remuneración mínima debe garantizar el bienestar real de los trabajadores y sus familias.
