La Defensoría del Pueblo pidió que el protocolo anunciado por el Gobierno para regular la actuación de la Fuerza Pública en universidades establezca límites claros y preserve la autonomía universitaria y el derecho a la protesta pacífica. La entidad señaló que el ingreso a los campus debe darse únicamente en circunstancias excepcionales, como casos de flagrancia, violencia o alteraciones extraordinarias del orden público, y bajo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, advirtió que las manifestaciones pacíficas, asambleas estudiantiles y expresiones de inconformidad no justifican por sí mismas una intervención. La Defensoría del Pueblo también planteó que el protocolo sea construido mediante un proceso participativo y defina mecanismos de coordinación para prevenir excesos en el uso de la fuerza.
