En un establecimiento nocturno de Piedecuesta (Santander), una red delictiva explotaba sexualmente a menores de edad en situación de vulnerabilidad que eran contactadas y atraídas a través de redes sociales con ofrecimiento laborales y altas remuneraciones económicas.
Niñas y adolescentes que creyeron en las ofertas y acudieron al lugar fueron alojadas en el sitio e inducidas a ejercer actos de tipo sexual a cambio de pagos que oscilaban entre los 40.000 y 50.000 pesos. El dinero en realidad no lo recibían porque debían destinarlo para cubrir multas que les imponía la organización ilegal por proporcionarles hospedaje, alimentación, entre otros conceptos.
Un fiscal de la Seccional Norte de Santander, destacada para la lucha contra la trata de personas, les imputó los delitos de trata de personas y proxenetismo con menor de edad. Adicionalmente, a los dos últimos procesados les formuló cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
